EDUCADORES,
DIGAMOS NO*
¿Qué papel juega este
indignado discurso en una publicación política que hoy trata
monográfica y oportunamente de la educación? Lo juzgo muy
importante, por eso he decidido colaborar con estas palabras en este
número de Mate Amargo.
Por:
Miguel Soler Roca
Soberbios y equivocados
Cruel viene resultando el año
2013 en materia de Derechos Humanos para la sociedad uruguaya.
Tendremos que afrontar el
cuadragésimo aniversario del golpe cívico militar de 1973,
recordándolo como la fuente de tristes crímenes todavía
encubiertos y habremos de seguir soportando la ignominiosa
contradicción de que mientras las víctimas desaparecieron sus
victimarios circulan provocativamente entre nosotros.
Perdura el contumaz silencio de
las Fuerzas Armadas respecto a sus crímenes, la ambi-güedad de
ciertos pronunciamientos de nuestra clase política, la irresponsable
indiferencia de una considerable parte de nuestra alegre y confiada
sociedad y, como nefasto remate, las sentencias últimamente
adoptadas por la mayoría de nuestra Suprema Corte de Justicia (SCJ),
que violan el sentido común, desprecian la memoria de las víctimas,
el dolor de sus familiares y los sentimientos de nuestro Pueblo,
desconciertan e irritan a la ciudadanía, dividen a la academia y a
la jurisprudencia, transgreden la legislación internacional y aver-
güenzan al país entero ante sí mismo y ante la comunidad mundial.
Mientras otras sociedades de
América Latina realizan sensibles progresos en el esclare-cimiento
de la Verdad y en el castigo de sus respectivos criminales, Uruguay
aparece ante la faz del mundo cediendo, una vez más, a las presiones
de los verdaderos aunque ocultos culpables y se hace regañar como
niño desobediente por organismos regionales con capa- cidad de
aplicarnos deshonrosas sanciones.
_____________
* Versión textual del artículo
incluido en la edición digital de la publicación Mate
Amargo Nº 11, de
junio de 2013, dedicado a temas de educación. (www.mateamargo.org)
Ante tanto daño, ha habido, no obstante, reacciones dignas de apoyo, así como advertencias fundamentadas acerca de la necesidad de enmendar el rumbo, caiga quien caiga. Aunque recién nacida, la Institución Nacional por los Derechos Humanos ha hecho oír sin demora la voz jurídica y éticamente fundada de sus miembros, poniendo en evidencia las aberraciones de la SCJ. Fiscales y jueces, la mayor parte de ellos mujeres, han decidido desconocer en sus sentencias la posición incompartible de la Corte. Las organizaciones de Derechos Humanos, la Universidad de la República, partidos políticos de izquierda, el movimiento sindical y estudiantil, artistas, intelectuales, residentes uruguayos en el exterior y todo tipo de agrupamientos sociales preocupados por el pasado y el futuro del país se han manifestado claramente contra los fallos de la SCJ y contra la soberbia y retrógrada actitud de la mayoría de sus miembros, pidiendo, como piden el sentido común y el decoro nacional, su aleja- miento de los cargos que vienen inexplicablemente ocupando.
Esta crisis y el enfrentamiento
que ha suscitado continúan, como lo demostró hace muy pocos días
la participación ciudadana en la última Marcha del Silencio y el
sentido actual de sus reivindicaciones. El país no podrá resistir
el statu quo en esta materia y haríamos bien, todos, en forzar la
búsqueda de una solución antes de que la inevitable salida nos sea
impuesta desde fuera.
La educación y su
irrenunciable protagonismo
He expuesto en múltiples
ocasiones mi convicción acerca de la politicidad e historicidad del
hecho educativo. No desarrollaré aquí estos temas. Rendiré
homenaje, una vez más, a los estudiantes y los docentes asesinados,
torturados, perseguidos y obligados al exilio por la dictadura. Y
recordaré que a partir de la posdictadura, es decir, de 1986 y hasta
2005, los programas oficiales de estudio de la historia prescribían
la enseñanza de “la
evolución de nuestro país en el siglo XX hasta 1967”.
Maestros y profesores estaban obligados a ocultar a sus alumnos en
qué contexto habían vivido sus abuelos y padres y cuáles habían
sido los hechos históricos conducentes al presente tal como lo
percibían niños y adolescentes. Hubo durante cuatro períodos
gubernamentales el ocultamiento de uno de los asideros fundamentales
de la constitución de toda persona: el conocimiento de las raíces
explicativas de su entorno real. Nada más que para la primaria
oficial, puede calcularse en un millón el número de niños, hoy ya
en edad de ejercer su plena ciudadanía, que no conocieron la
historia reciente, conocimiento al que tenían pleno derecho por el
mandato del segundo inciso del artículo 71 de nuestra Constitución
y por la adhesión de Uruguay a variados instrumentos interna-
cionales en la materia, entre ellos la Convención de Derechos del
Niño de 1989 donde pueden leerse expresiones como las siguientes:
“El niño tendrá
derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo
tipo…” (Art.
13); “Los Estados
Partes convienen en que la educación del niño deberá estar
encaminada a (…) prepararlo para asumir una vida responsable en una
sociedad libre” (Art.
29).
En 1996 la Comisión
Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por
Jacques Delors, presentó a la UNESCO su informe titulado “La
educación encierra un tesoro” que se ocupa abundantemente de este
tema, incluyendo estos párrafos: “Se
trata sobre todo de ayudar al alumno a entrar en la vida con la
capacidad de interpretar los hechos más importantes relacionados con
su destino personal y con el destino colectivo. (…) Hay aquí un
terreno nuevo para los respon- sables de las grandes orientaciones de
la política de la educación y de la elaboración de los programas.
Esa perspectiva tendería a integrar los logros de las ciencias
sociales en un enfoque global que permita una amplia comprensión de
los hechos pasados y presentes”.
Reacios al mandato cobardemente
impuesto en los programas de estudio de la época ya lla- mada
“democrática”, muchos maestros y profesores rompieron el bloqueo
que se imponía a sus conciencias y aportaron a sus alumnos el
conocimiento de la verdad histórica total.
Lo hacían en escuelas y
liceos, en forma personal y colectiva, enfrentando dificultades
múltiples: la falta de suficiente información, la resistencia de
algunas familias, el celo burocrático de ciertos directores e
inspectores. Pero lo hacían, acatando su propia consigna interior:
resistir el impuesto e hipócrita olvido a la verdadera historia.
Registré entre mis notas personales el haber asistido, el 23 de
octubre de 2004, una semana antes de las elec-ciones nacionales que
dieron el triunfo por primera vez al Frente Amplio, a una reunión de
docentes convocada por el Movimiento de Educadores por la Paz en la
que viví la emoción de escuchar fundadas exposiciones sobre la
necesidad de abrir hasta fechas recientes la enseñanza de la
historia, así como el testimonio de maestros y profesores que lo
venían haciendo y se sentían orgullosos de ello, desafiando
obstáculos y justificados riesgos.
La historia reciente también
es historia
El nuevo CODICEN de la ANEP,
resultante del cambio político al fin operado en el país, escuchó
este clamor y el 26 de octubre de 2005 adoptó una Resolución
modificando los programas de enseñanza de la historia reciente. En
lo esencial, el CODICEN decía: “Considerando:
que el conocimiento de la historia de la segunda mitad del Siglo XX
es esencial para que los educandos comprendan los cambios ocurridos
en la sociedad, la economía, la política y la cultura, que
vertebran el mundo actual al grado que omitirlos es volver
incomprensible la realidad, (…) el Consejo Directivo Central
resuelve: 1. Encomendar a los Consejos de Educación Primaria, Se-
cundaria y Técnico-Profesional, a la Dirección de Formación y
Perfeccionamiento Docente, proponer, en el menor plazo posible, la
adecuación de los planes y programas de estudio a fin de que los
docentes dicten el análisis de la Historia de la segunda mitad del
Siglo XX”, a lo
que seguían medidas ten-dientes a la implementación de la
Resolución.
Hubo que explicar a la
población las razones y el carácter impostergable de la medida
adop-tada, formar en cursos intensivos con apoyo de la Televisión
Nacional a los docentes, pro-ducir los materiales necesarios,
aprovechando la experiencia que habían ya realizado los educadores
de avanzada y la actitud favorable del movimiento sindical docente.
Fue una de las grandes transformaciones introducidas por el nuevo
gobierno de la ANEP, en uso pleno de la autonomía que la
Constitución le otorga.
Como era de esperar, la
oposición perdió la oportunidad de guardar silencio y organizó un
gran escándalo. No hizo sino el ridículo, con la colaboración de
la prensa reaccionaria. Así, el ex Presidente Dr. Sanguinetti afirmó
en El OBSERVADOR de
28 de octubre de 2005
que la enseñanza de
la historia contemporánea es de “cuasi
imposible objetividad”;
su colega el Dr. Lacalle escribió en EL
PAÍS de la misma
fecha que
“siempre es
peligroso enseñar historia con- temporánea cuando los que la
enseñan han sido testigos”;
en este mismo diario y fecha el Sr. Luis Hierro opinó que “ni
los profesores, ni los textos, ni el sistema están preparados para
dar una visión razonable”,
en tanto el Diputado y Maestro Sr. José Carlos Cardoso declaraba en
EL PAÍS
de 9 de noviembre de 2005 su inquietud, manifestando: “esto
va camino a una historia sesgada, que tiene como objetivo conseguir
adhesiones”. El
ruido opositor fue, naturalmente, mucho más intenso pero no muy
prolongado. La ANEP hizo las cosas bien, con la autorizada y activa
participación del Vicepresidente del CODICEN, Profesor José Pedro
Barrán; los nuevos programas fueron aplicados y ahora a nadie se le
ocurriría sugerir con éxito que la enseñanza de la historia tenga
otra fecha límite que el día de hoy.
Más aun: en ese primer
gobierno del Frente Amplio fueron reformulados todos los planes y
programas de estudio de los cuatro niveles de que se ocupaba la ANEP:
inicial y primaria, secundaria, técnico-profesional y formación
docente. Sin entrar al análisis global de los mis- mos, que no es
este el lugar de hacer, se mantuvo en todos ellos el alcance que se
había dado a la enseñanza de la historia y se consideró necesario
que el alumnado, en el marco de una visión integral de su formación,
tuviera oportunidades genuinas de conocer e internalizar por la
experiencia personal y colectiva los Derechos Humanos y los valores
que contribuyen a la preservación de la paz, la solidaridad, la
justicia social, en un anticipo de lo que hoy, a instancias del
Presidente Mujica, se viene implementando como una “estrategia por
la vida y la convivencia”.
El mensaje de los nuevos
programas de estudio
No dispongo de espacio para
entrar en detalles, pero deseo concretar mi pensamiento apoyándome
en la cita de algunos textos que considero pertinentes y avanzados.
El programa para la Educación
Inicial y Primaria (2008) declara en la primera línea de su texto
(página 9): “El
Programa Escolar del Consejo de Educación Primaria se centra en los
Derechos Humanos”. Se
incluye una subárea denominada Construcción de Ciudadanía, así
justificada: “La
finalidad de este campo en la escuela es la formación de sujetos
autónomos, críticos y responsables, capaces de articular su libre
realización personal con la responsabilidad social y la búsqueda de
la justicia”. Y
con ese fin se sugieren contenidos y actividades para los niños de
tres años de edad en adelante. El programa de historia de sexto
grado incluye temas como los siguientes: “La
crisis política y el golpe de Estado de 1973. Gobierno
cívico-militar. La interrelación de dictaduras en América Latina.
La construcción de un nuevo orden institucional. La ruptura del
Estado de Dere-cho. La supresión de garantías individuales y
colectivas. La represión y violación de los derechos humanos. La
emigración política y económica”.
Para ese mismo grado, el programa de Ética prescribe: “Las
diferentes concepciones sobre la Paz. La Paz más allá de la
oposición a la guerra. La Paz como discurso. Los Derechos Humanos
como conquista. La vida como valor y sustento de los Derechos
Humanos. Los genocidios”.
Y el de Derecho dispone: “La
construcción de una Cultura de Paz como alternativa a diferentes
formas de autoritarismo. Los crímenes de lesa humanidad. La
solidaridad entre países. La resolución pacífica de conflictos: la
mediación”.
El nuevo programa de Educación
Secundaria, en su reformulación de 2006, incluye en su primero y
segundo años dos horas semanales como Espacio
curricular abierto,
justificado, entre otras frases, por las siguientes: “El
Espacio debe promover valores como la tolerancia, la solidaridad, el
respeto, la responsabilidad, el compromiso con la sociedad y el medio
ambiente, la capacidad de escucha y la convivencia democrática a
través de la reflexión, el diálogo y también las acciones
concretas de involucramiento y compromiso activo con la comunidad y
el centro educativo”.
En el tercer año del Ciclo Básico se reservan tres horas semanales
para Educación
social y cívica y
en segundo año de Bachillerato otras tres para Educación
ciudadana,
concebida, se dice, como “espacio
privilegiado para reflexionar y ayudar a reequilibrar la necesaria
relación entre lo colectivo y lo individual”.
El programa de Historia del
último año de Bachillerato está precedido, entre otras, por las
siguientes consideraciones: “Se
sugiere que el tratamiento de los temas del Programa contemple y
considere, de manera articulada, la evolución histórica de los
Derechos Humanos a nivel mundial y en nuestro país, que incluya la
defensa de la dignidad humana, de los instrumentos legales para
garan-tizarlos y la responsabilidad individual, social, grupal y
política en su defensa, evitando toda forma de discriminación. La
indagación sobre la vigencia y violación de los Derechos Humanos
habilitará y brindará oportunidades a los/las estudiantes no sólo
a participar activamente en su ejercicio y defensa como ciudadanos
responsables y respetuosos del pluralismo cultural y de valores, sino
a asumirse como sujetos de derechos”.
Y el Programa incluye, entre otros, estos temas a desarrollar: “El
golpe de Estado de 1973 y las diferentes miradas historiográficas.
La dictadura
cívico-militar, la vida cotidiana y los miedos.
El plebiscito de
1980, la crisis económica y la transición hacia la democracia:
concer-tación programática, acuerdo del Club Naval, la Ley de
Caducidad. La
situación de los Derechos Humanos.
La situación
económica y social al finalizar el siglo”.
El Plan 2007 para la Educación
Técnico-Profesional (UTU) incluye para tercer año, y lo menciono
siempre sacrificando detalles, dos horas semanales de Formación
Ciudadana. En su fundamentación se señala: “…el
eje articulador de nuestra asignatura es la construcción de
ciudadanía y la promoción de los Derechos Humanos. Formación
Ciudadana tiene como objetivo brindar instrumentos a los futuros
ciudadanos que les permita vincularse de forma crítica con su
realidad, que los ayude a desarrollar un pensamiento autónomo”.
Es mucho más lo que ofrece la UTU a sus estudiantes, entre otras
oportunidades un taller optativo sobre “Filosofía para Jóvenes”.
Por último, quisiera referirme
a algunos aspectos de la Formación Docente, área de trabajo de la
ANEP hoy involucrada en un importante debate a raíz de la
disposición legal de dar a la misma nivel y carácter universitario,
mandato que está cerca de dar lugar a una Ley por la que se debiera
crear la Universidad Nacional de Educación. Me limitaré a mencionar
que el Sistema Único
Nacional de Formación Docente,
adoptado por la ANEP en 2008, reconoce que “el
perfil de egreso del profesional docente parte de la relación
dialéctica de la educación y la transfor- mación social”. Se
propicia, pues, la formación de un profesional que contribuya a “la
cons-trucción de una sociedad más humanizada, justa y solidaria,
fundada en el ejercicio pleno de los Derechos Humanos”.
El salto hacia el NUNCA
MÁS, que la
educación pública no dio en 1985, lo fue dando de 2005 en adelante.
El lector podrá preguntarse, justificadamente, si las previsiones de
todos estos programas, animados de un enfoque humanista que requiere
la adhesión y el compromiso de los docentes y del pueblo, tienen
plena aplicación en aulas y centros. Yo también me lo pregunto,
pero tengo plena confianza. Toda política educativa adquiere muy
lentamente vi- gencia generalizada. Los sistemas de educación son,
por múltiples razones, reticentes a los cambios, mucho más cuando
estos inciden sobre conceptos y prácticas socialmente arrai-gadas.
Escribía Julio Castro en 1966: “El
andar del tiempo hacia la liberación de los pueblos es constante y
es, además, irreversible. A los educadores, la hora presente nos
señala deberes y respon- sabilidades que no debemos eludir. Es un
honroso compromiso (…) que debemos cumplir con dedica- ción, con
coraje y, sobre todo, con una lúcida visión
de las limitaciones
presentes y de las posibilidades que debemos crear y conquistar para
construir el porvenir”.
Nuestro NO, nuestro SÍ
Enfrentando las limitaciones
de que nos habla el Maestro Mártir, hemos venido trabajando las
posibilidades que nos permitan conquistar
la construcción del porvenir.
Nuestra herramienta principal de educadores es la palabra, la nuestra
y la del alumno, la palabra que cimenta la paz, la justicia, la
solidaridad, la convivencia. Ahora aparece la mayoría de la Suprema
Corte de Justicia diciéndonos a todos, a la sociedad, pero también
a los educadores: “Vuestro pen- samiento y vuestro libreto tienen
erratas: olvidémonos de la recuperada capacidad
punitiva del Estado; donde
decía imprescriptible
ha de leerse y
aceptarse ya
prescribió; no ha
de hablarse a niños y adolescentes de delitos
de lesa humanidad, que
no los ha habido,
sino de olvidables
delitos comunes;
los torturadores no han de ser castigados sino liberados; a los
jueces díscolos y sobre todo a las juezas de conciencia autónoma
les agradeceremos los servicios prestados; y en cuanto a los Derechos
Humanos, la comunidad internacional no tiene nada que decirnos, pues
constituimos un país soberano, sin otra verdad que la que nosotros,
la mayoría de la SCJ, proclamemos.
El oráculo se ha pronunciado.
Acato y respeto,
ha dicho la mayoría, aunque
no estoy de acuerdo.
La confrontación arde dentro de la misma Justicia. Y en la calle. La
ANEP, cuyos documentos fundamentales de acción educativa, los
programas de enseñanza, han sido tácitamente cues-tionados, no ha
dicho, que yo sepa, todavía nada.
El lector me permitirá la
inmodestia de ubicarme – tal vez por no poder todavía
consi-derarme fuera de servicio – ante este dilema. Es esta una
hora crucial para los educadores y sus organizaciones: la hora de
gritar, con fuerza, nuestro NO.
NO
olvidaremos a nuestros muertos, ni a nuestros torturados, ni a las
compañeras violadas, ni a los niños robados. NO
aceptaremos resignadamente la impunidad de los criminales. NO
perdonaremos que miles de educandos hayan sido formados bajo un
pensamiento fascista. NO
renunciaremos a que los programas de enseñanza estén orientados por
valores portadores de justicia y libertad. NO
permitiremos que nuestros alumnos sean formados con nuestra
complicidad para una sociedad en que la lucha por la Verdad y la
Justicia sea reemplazada por el verticalazo, el olvido y el silencio.
Y si a la hora de la verdad, en
la hora íntima en que el educador y su alumno se escuchan mutuamente
y se miran fraternalmente a los ojos para crecer juntos, tenemos que
desacatar dictámenes reaccionarios, erróneos e inadmisibles, los
desacataremos. En esto de cultivar una pedagogía de la resistencia,
de la desobediencia y, si es preciso, de la clandestinidad, los
edu-cadores de todo el mundo tenemos experiencia. No estoy exhortando
a introducir el caos en nuestro sistema educativo; estoy, una vez
más, recordando a Julio Castro, que nos dejó dicho hace medio
siglo: “la hora
presente nos señala deberes y responsabilidades que no debemos
eludir”.
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